El contrato público debe servir para movilizar inversiones sostenibles que permitan la reconstrucción y la resilencia, aunando seguridad jurídica, transparencia, buen gobierno y movilización eficaz y eficiente de las inversiones.

Recientemente se celebró el I Congreso Internacional sobre "el desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública" impulsado por los distintos observatorios de Contratación Pública y organizado con la Cátedra de la Contratación Pública Local de la Universidad de Zaragoza y la Cámara de Cuentas de Aragón. Algunas de las conclusiones fueron:

En relación a cómo los Estados de la Unión Europea se están organizando para cumplir con los objetivos de recuperación económica y transformación que persiguen los fondos Next Generation EU, los ponentes coincidieron en apuntar la importancia de su correcta gestión para superar la crisis del coronavirus. Según el profesor Santiago Muñoz Machado estas inversiones deben servir para construir un país "más sostenible, resiliente, digital y socialmente justo".

Otro punto de análisis pivotaba en torno a la sostenibilidad en la contratación pública, promoviendo alianzas transformadoras que aborden los desafíos planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Manifiesto presentado aboga por la unión de instituciones, sociedad civil y empresas en pro de requerir a los poderes públicos y a las empresas, en su papel de responsabilidad, que promuevan una economía más justa, equitativa y sostenible a través de una palanca clave, la compra pública.

En esta materia los expertos alertaron de la importancia de huir de eslóganes vacíos que en ocasiones se convierten en refugio de diversas formas de corrupción, e implementar un verdadero sistema de control de la ejecución de los contratos basado en indicadores de cumplimiento objetivos desde el convencimiento de lo que no se mide no se puede mejorar. Además, es imprescindible cumplir con la exigencia de “no causar un daño significativo al medio ambiente” establecida para la gestión de los nuevos fondos europeos.

La sostenibilidad en la contratación pública y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe extenderse tanto a los objetivos ambientales como a los objetivos sociales. En este último sentido se propone volver a la contratación pública desde la perspectiva de la persona humana y concretar los distintos objetivos de la Agenda 2030, de manera que se consigan sus retos a medio o largo plazo.

En relación con las nuevas exigencias de integridad y transparencia en los contratos públicos, se habló de la necesidad de abordar de forma preventiva la corrupción y de implementar sistemas de integridad, la importancia de la transparencia como mecanismo de prevención de los riesgos que sin duda derivan de la importante cantidad de recursos que el mecanismo de recuperación y resiliencia pone en marcha o la necesidad de aplicar la transparencia en todas las fases de la contratación y, muy especialmente, en la de ejecución de los contratos.

Sobre salud y contratación pública, la conclusión es que la contratación es una herramienta para “garantizar la salud pública”, configurada como derecho fundamental, y su actualización debe servir para “anticiparse a situaciones nuevas”. Se propuso una revisión, con sentido crítico, del modelo de la gestión de la compra pública en el ámbito de la salud –no mera actualización– para conseguir mejor calidad y mayor eficiencia.

Finalmente, sobre la colaboración público-privada como herramienta para la recuperación y movilización de las inversiones, se dijo que será elemento relevante para la consecución efectiva de intereses públicos que no pueden ser plenamente cubiertos por la propia Administración. El carácter complementario de esta colaboración público-privado ha permitido con frecuencia preservar los estándares de calidad y equidad social en numerosos servicios de interés público relevante.